Quejas por la violación de las garantías: SME

Escrito por Dulce Maya,
Raúl Morales Velázquez,
José Luis Garcitapia y Elizabeth Cuevas Villalobos
Sábado, 29 de Mayo de 2010 00:00

CUERNAVACA. La Comisión Estatal de los derechos Humanos en Morelos, remitió a su homóloga a nivel nacional un expediente sobre las violaciones registradas en el desalojo de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), daños a propiedad privada y vehículos, así como el estado médico de los lesionados en los hechos.

La ombudsman morelense, Lucero Ivón Benítez Villaseñor, detalló que los informes sobre estos hechos y los recabados por los peritos de la CEDH, que presenciaron parte del operativo, ya fueron documentados e incorporados a la queja 039 registrada en el organismo que ella preside.

Presentó un documento desglosado en el que se anexó la certificación de los 15 electricistas que fueron agredidos por los policías federales, realizada por peritos de la Comisión Nacional, han levantado reportes sobre las lesiones de los sindicalizados, mismos que habrá de ser incorporados en una segunda queja ante el organismo en el ámbito nacional.

“No podemos permitir ningún tipo de excesos por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, en el estado de Morelos o en cualquier otro lugar”, remató la presidenta de la CDHEM.

La CFE cubrirá los gastos

En entrevista, detalló que según los informes proporcionados por Alberto Guillen, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la dependencia cubrirá los daños materiales que el operativo generó, mediante un seguro creado ex profeso.

Se trata de un vehículo, dos más que se impactaron, una persona que atropellaron y que fue gravemente lesionada, además de las personas que resultaron lesionadas durante las acciones policiacas”, dijo.

Refirió que el funcionario de la CFE, le confirmó que para este operativo no existía una orden judicial de por medio, sino que con ella, se culminaban las acciones a nivel nacional que le daban cumplimiento al decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza, emitido el pasado 11 de octubre del 2009.

El decreto emitido por Felipe Calderón Hinojosa, faculta al Sistema de Administración de Bienes –dependiente de la Secretaria de Hacienda-- a entregar los bienes y poder inventariarlos; por lo que las fuerzas policíacas estarán en las instalaciones de la extinta paraestatal, resguardando los vehículos que aún faltan por incorporar al inventario.

El saldo

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) reportó que tuvieron conocimiento de 18 personas lesionadas en el enfrentamiento que se registró el pasado jueves en la subestación de energía eléctrica de Teopanzolco, entre agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y elementos de la Policía Federal Preventiva.

Finalmente, Benitez Villaseñor se mostró indignada por la forma de actuar de la PFP y el agente del ministerio público federal, porque al final de cuentas “ellos vienen a nuestro estado, hacen sus operativos, no se justifican y lesionan a gente”.

Gobierno incapaz: diputada

La diputada Hortencia Figueroa Peralta afirmó que el Gobierno estatal mostró su ineficiencia e incapacidad al no contar con información del operativo federal en el que se violentaron los derechos y garantías de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ya que no se dio la notificación por parte de la federación para garantizar una coordinación y vigilar la seguridad de los morelenses en la realización del operativo.

Señaló que entre las tantas anomalías del operativo, las autoridades federales no presentaron información puntual en cuanto a que autoridad instruía el operativo y dijo, sólo presentaron y con mucha resistencia, un correo electrónico impreso de un funcionario de Comisión Federal de Electricidad en el que se daban instrucciones para realizar dicho acto, es decir, no hubo una resolución judicial que les permitiera abrir las instalaciones, llevarse parte de los activos de Luz y Fuerza del Centro.

Aclaró que aún existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso era necesario que existiera una resolución federal judicial que les permitiera llevarse parte de los activos de LyFC.

Apuntó que por parte del Congreso del Estado se tiene que analizar y evaluar las consecuencias de este operativo ilegal y violento, ya que fue la policía federal la que llegó a un Estado libre y soberano DE Morelos, con el pretexto de que se incrementarían a las fuerzas federales combatir el narcotráfico, sin embargo hoy se están utilizando no en contra de los delincuentes, sino en contra de los trabajadores.

Así también esta legislatura tendrá que evaluar la omisión del Gobierno del Estado, debido a que no hubo capacidad de respuesta para generar una tregua y llegar a una solución pacífica que impidiera que de manera delicuencial fueran sacadas unidades de Luz y Fuerza del Centro; pasando por encima de los electricistas y generando lamentables daños en perjuicio de particulares que no tienen nada que ver en el asunto.

Informó que la Junta Política del congreso revisará la situación para poder tomar una determinación y no se siga vulnerando la soberanía del estado, al tener a la policía federal en contra de trabajadores que de ninguna manera están vinculados con ninguna acción de delincuencia organizada

Es necesario, apuntó, hacer un llamado al gobierno federal, porque “hubo el compromiso del secretario de gobernación de que todos los operativos que se realizaran con la policía federal y fuerzas federales iban a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los morelenses” y la coordinación de las autoridades locales. Ante la omisión del Secretario de Gobierno que se quedó a cargo en la ausencia del gobernador.

Resulta curioso, agregó que frente a todos estos hechos, el gobierno del estado estuvo ausente y que el gobernador del estado se encuentra fuera en gira de trabajo con el Presidente de la República, dos gobernantes coincidentes en la liquidación de LyFC.

Finalmente, dijo que en el Congreso del Estado cada quien tiene que asumir su responsabilidad, debemos reflexionar el se atienden de manera prioritaria otros asuntos que son menores a comparación a problemáticas que el estado de Morelos está viviendo y “si exhortaría a que con responsabilidad asumamos el cargo que tenemos porque nos demandan el vacío que se está generando por el gobierno del estado”.

Vencerá plazo para agresor

Este día vence el plazo para que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) determine la situación legal de Israel Vega Vallejo, acusado de arrollar con un vehículo de la CFE a un integrante del SME, durante el desalojo violento del pasado jueves.

Hasta la tarde de ayer las autoridades de la fiscalía confirmaron la continuidad en la integración de la carpeta de investigación SS/105/2010.

De acuerdo a la pesquisa Vega Vallejo fue acusado de los delitos de daños y lesiones en agravio de Alberto Salazar Padilla quien fue arrollado con uno de los vehículos oficiales conocidos como “Jirafas” que la tarde del jueves fueron sacados de las instalaciones de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro para ser adjudicados a la CFE.

Entre los agraviados -según informes de la procuraduría estatal- aparecen los propietarios de una casa ubicada entre las calles Río Balsas y Yucatán, la cual fue dañada con el vehículo que manejaba Israel Vega, además de un tercer automóvil que se vio afectado

Durante este viernes la Fiscalía de Hechos de Transito recibió las comparecencias de los afectados para establecer la responsabilidad de la persona que fue contratada por la CFE para el retiro de los pasados vehículos.

Este viernes las autoridades de la procuraduría estatal aún no definían la situación legal del detenido, debido a que hasta la tarde no concluían las investigaciones y se esperaba además la comparecencia de algún representante de la Comisión Federal de Electricidad para que acreditará la contratación de dicha persona, la cual al parecer no contaba con los conocimientos en el manejo de vehículos pesados.

Personal de la fiscalía responsable de la investigación se trasladó a las instalaciones del Seguro Social en donde tomó la declaración del integrante del SME que sufrió una fractura en el tobillo, pierna y peroné tras ser arrollado por el trailer que maneja Israel Vega.

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