Pasta de conchos: sepultan tragedia

Jesús Peña/ Fotos: Miguel Sierra
28-Junio-2010
A cuatro años del accidente donde murieron 65 mineros, el caso está estancado en la PGR; el rescate de los cuerpos se suspendió; las viudas se dividieron y la paz no ha vuelto a zona. La única esperanza de justicia está en una corte internacional.

Pasta de Conchos: cuatro años sin justicia
La lucha de las viudas se desvanece al ver que nadie ha pagado con cárcel la muerte de sus esposos. Lo que las mantenía de pie era un rescate que revelaría la verdad pero las autoridades lo frustraron. Hoy intentan seguir con sus vidas pero la impotencia no las deja dormir .  Han perdido la paz.
José Alfredo Silva Contreras, uno de los 65 mineros caídos en la tragedia de Pasta de Conchos, está enojado. O al menos es lo que me cuenta María Guadalupe Hernández, su viuda.
“Yo lo sueño enojao, pero pos cómo lo voy a andar defendiendo allá, si no puedo. Ellos quieren que los pelee uno, pero ¿pos cómo? O quién sabe qué señal nos quedrán dar”.
La plática transcurre a las afueras de su nueva casa en Palaú, a donde desde hace tiempo se mudó del Barrio del Uno y Medio para venirse a vivir, en unión libre, con el hijo de otro carbonero sepultado en la recién sellada Mina 8.
“La mamá de mi pareja también soñó a su esposo, soñó que llegaba enojado a su casa y que le decía que por qué había dejado que yo me juntara con su hijo, si Alfredo, mi marido,  ya iba para mi casa, ¡que me fueran a dejar a mi casa, porque mi esposo ya iba para allá! ¿Qué quedrán ellos, qué quedrán decir con ese sueño?, ¿qué significación tendrá eso?”, balbucea pensativa, recargada en la barandilla de madera carcomida y sin pintar, que hace las veces de puerta y mostrador de su negocio, un puesto de abarrotes y fritangas en el que está invertido parte de los 750 mil pesos que Lupina, como la conoce la gente del pueblo,  recibió tras lo de aquel 19 de febrero.

Pero Lupina, mujer robusta, de cara redonda y un cabello chino y castaño que le cuelga hasta la cintura, sabe del dolor que significaría abrir la herida de regresar al campamento en Pasta de Conchos, donde permaneció por tres años.
“Revivir eso es volver a sufrir, como yo quedé muy lastimada, no quiero volver a sufrir eso. Una vez le dije a mi tutor ´¿por qué no hace que se acabe todo?, ¿por qué no nos ayudan a que saquen los cuerpos y ya que se acabe todo?`, porque nosotras somos señaladas de que nos dan dinero y ¿dónde está?”, reprocha al tiempo que la tristeza le rueda por esas mitades de jitomate que son sus mejillas.
En Palaú el atardecer arde como brasas de carbón en la piel y el canto de las chicharras embota los sentidos.
– ¿Cuanto hace ya que no se para por la mina? – , le pregunto:
–
“Ya tengo rato que no voy porque me han pasado muchas cositas. Estuve mucho tiempo allá, dejé de disfrutar una cosa por estar allá y ni nos dieron los cuerpos”. Se excusa, luego sale hasta la calle y se para junto a un pequeño altar que exhibe la foto de un bebé, el nieto de Lupina, a quien su yerno, el padre del niño, atropelló accidentalmente la víspera de un año nuevo.
“Y ya por eso me retiré, porque ni disfruté al bebé. De repente me hablan las amigas que ya quieren cerrar la mina y que vaya a ver, pero les digo yo ¿qué podemos hacer nosotros?, no podemos hacer nada, porque estuvimos luchando mucho tiempo y no se logró nada, nadie nos hizo caso”.
Su dicho me lo confirma después vía telefónica Manuel Fuentes Muñiz, asesor legal de las familias de Pasta de Conchos, cuando asegura que la PGR ha detenido todos los procesos abiertos en contra de los responsables de la tragedia en la Mina 8, entre los cuales figuran servidores públicos de la anterior y actual administración del Gobierno Federal.
Aclara, sin embargo, que aún están vigentes diversas reclamaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución podría tardar años
“De manera discrecional ha habido decisiones del Gobierno Federal para impedir que haya alguna responsabilidad sobre los servidores públicos que se vean implicados. Estos actos en los que se ha incurrido  han sido bajo la protección del Ejecutivo federal  y el Gobierno del Estado”, advierte Fuentes Muñiz.
¿Será por eso que José Alfredo, el esposo de María Guadalupe, uno de los 65 caídos en la explosión de la MIna 8, en San Juan de Sabinas, está enojado?
Horas antes, a unos kilómetros de ahí, en el campamento Pasta de Conchos, Elizabeth Castillo Rábago, otra de las deudas, pide la palabra para quejarse de la escasa asistencia de viudas y familiares a una junta que había sido convocada para definir la estrategia después del evidente cierre y desmantelamiento de la mina 8, por parte de Grupo México.
“Les llamamos, les avisamos en su casa, las citamos a una hora y vienen tres, cuatro, cinco. Las citamos para eso, para ver cómo le vamos a hacer para entrar el domingo, Día del Padre....”, suelta en torno al grupo sentado en círculo y que no pasa de 15 mujeres.
“La empresa se ha encargado de dividirnos, las que venimos y damos vueltas somos como 10, las demás están así de que ´yo sí te apoyo`, pero  están en sus casas. En caso de que las lleguemos a necesitar vienen, pero vienen y se van... Desafortunadamente ya no contamos con el respaldo de todas”, nos platica Elizabeth el primer día de nuestra llegada, bajo el toldo de lonas que apenas y nos guarece de los más de 42 grados que hacen crepitar el campamento.
– ¿Cómo que la empresa los dividió? – la interrogo.
“A unas las supo manejar poniéndoles negocios, les puso depósitos, a otras papelerías, a otras mueblerías y esas jamás se volvieron a parar”.
Nos encontramos con Elizabeth a unos metros del acceso al complejo minero vigilado por un piquete de Estatales armados y sus perros pastor alemán listos  para atacar.
Más allá se ven camionetas, carros patrulla, una Cheroke negra blindada, que nadie sabe de quién es, y más policías que van y vienen de un lado a otro de la carretera que trae hasta acá desde Rosita, riendo a carcajadas o dando órdenes a voz en cuello.
En el campamento, el ruido como de una planta de luz que proviene de una camioneta blanca estacionada a un lado del campamento, acalla el murmullo del viento y dificulta la conversación.
Se trata, nos cuenta Elizabeth, de un bloqueador de señal de teléfonos celulares con alcance de 300 metros a la redonda, mismo que la Policía Estatal instaló aquí la madrugada de su arribo, el pasado 7 de junio.
“Esa planta nos destruye, porque no tenemos comunicación con las demás compañeras...”.
– ¿Cómo se portan los agentes?, increpo otra vez a Elizabeth, quien se dice la viuda del minero Gil Rico Montelongo:
“Tres días habían agarrado de asar pollo, carne, de estar a güiri - güiri y ja - ja- ja, por eso le digo que es una burla, aquí los olorazos a carne asada, las muchachas policías a risa y risa con los señores, y ´no güey`, ´eh güey`, ´tráite el caguamón`, y la música a todo vuelo”.
Elizabeth narra cómo la Estatal, usando la intimidación, ha tratado de dispersar a las pocas viudas y a los familiares que aún tienen ocupado el acceso a Pasta de Conchos.
“Se acerca uno, de los señores y me dice: ´oiga por qué no hacen como que se van dos días, se olvidan de que tienen el campamento y a nosotros le aseguro que nos mandan a otra parte`, le digo ´¿cómo viene y me pide usted eso, cuatro años, tres meses y usted me pide que me vaya de la noche a la mañana?, no, está bien equivocado, así sea yo la única que esté, ni modo...`”.
Son cerca de las 5:00 de la tarde y sólo acompañan a Elizabeth en el campamento dos miembros de la organización comunista “La Otra Obrera”, que en noviembre del 2008 inició las labores del llamado “rescate independiente”, que operó hasta la toma de la mina por los Estatales.


 “De repente vienen comandos camuflajeados que bajan a sus perros y que para amedrentar se la pasan hablando de cómo torturan. Por ejemplo dicen: ´se estaba convulsionando y yo lo agarré a patadas y luego chillaba`, y así, risa y risa, hablando de cómo lo disfrutan.
“Otras veces se forman delante de nosotros con sus escudos, se secretean... Nosotros estamos totalmente pacíficos, no hemos caído en provocaciones, nos hemos portado amables con los policías, ellos argumentan que venían con todo a reprimir.”, dice un integrante de esta agrupación, que por razones de seguridad pide el anonimato.
En medio de la charla, Elizabeth evoca la madrugada en que los hombres de azul irrumpieron en las instalaciones de la Mina 8. Recuerda que uno de los policías le señaló en tono de amenaza un letrero en la entrada:
“Me dice ´¿no sabe leer?`, le digo ´lo que tienes abajo no es propiedad privada, eso nos pertenece a nosotros y a pie me imagino que sí puedo pasar`, pero ya no nos dejaron entrar, bien agresivos con sus pistolas, sus macanas, escudos, chalecos antibala”.
– ¿Qué es lo que piden ustedes ahorita? –, interrogo de nuevo a Elizabeth:
“Mis hijos estaban ilusionados porque íbamos a llevar los restos de su padre a un lugar santo, aquí no es un lugar santo. Ustedes creen que a mí me gusta estar aquí, zancudos, mal tiempo, lluvia, víboras, alacranes, tarántulas, toda esa clase de especies hay aquí.
“El cráneo de él y el cinturón, es lo que estoy pidiendo, me pueden dar un ataúd cerrado, yo me lo llevo y aquí ya no me ven, pero ya me voy conforme porque me llevo algo de él, voy y lo sepulto en un lugar santo y ahí ´mira mi`jo, ahí está la tumba de tu padre`, pero se burlaron. ¿Esa es la manera en que el gobierno de Moreira nos demuestra que está con nosotros?”.
Para Cristina Auerbach Benavides, defensora del caso Pasta de Conchos, la posibilidad del rescate de los 63 mineros, es un tema que no está a discusión.
“Nosotros hemos probado hasta el cansancio que el rescate se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones, no puedes suplir ni la falta de recursos, ni la falta de capacidad técnica, con buena voluntad, se necesita más que buena voluntad, no falta un metro ni dos”, declara por teléfono.
– ¿Por qué crees que no quieran hacerlo? –
“En términos forenses se puede determinar con los restos óseos que hay ahí, de qué murieron y en qué momento murieron y eso es lo que yo creo que no quieren saber, no quieren saber cuál es la verdad para que no se les finquen responsabilidades, no sólo a la empresa, sino a gente del gobierno de Fox y ahora de Calderón”.
Auerbach declara que, según las últimas cotizaciones, el rescate podría costar a la empresa cerca de 100 millones de pesos, eso sin contar la rehabilitación de la mina, y un año de trabajos.
“Si no lo hacen no es por condiciones técnicas sino por falta de voluntad, no es un asunto de dinero, jamás fue un asunto de dinero, si lo que le sobra a Grupo México es dinero, es un asunto de voluntad”.
Qué remedio, José Alfredo Silva, el finado esposo de María Guadalupe, seguirá enojado.
Pero a Teresa Contreras, una de las viudas que lideró el plantón a las afueras de Palacio Rosa en Saltillo y que recién levantó – revela – por amenazas de un grupo de hombres con armas y pasamontañas, no la convence el cuento del cierre de la Mina.
“Sabemos que en el primer momento que nosotros nos quitemos de ahí la empresa va a comenzar a abrir por otro lado, ´abro por otro ladito y por ahí entro, pero ya quitándome a las señoras, que se hayan ido y empiezo con mis trabajos, ya si saco huesos pues se los echo al perro o los tiro ahí`”, por supuesto que no nos los va a dar, pero ella va a segur explotando la mina”, futuriza en una entrevista a larga distancia.
Y algún día Guadalupe le contará que vio en sueños a Alfredo con gesto enojado.
Otra tarde de sopor regresamos a las calles bochornosas de Palaú, esta vez nos hallamos tocando a la reja metálica de la casa de María Cristina González López, la viuda de Julián Martínez Ojeda, uno de los 63 mineros aún enterrados en las profundidades de Pasta de Conchos.
Cristina sale a nuestro encuentro, pero no se acerca ni saluda con la mano.  Lleva una blusa y un short falda negros, como si todavía guardara el luto de su marido.
La mujer parece desconfiada y se resiste de lejos a responder cualquier pregunta.
“Es que yo no sé hablar, apenas Elvira Martínez”, dice bajo refiriéndose a otra de las viudas, cuando le pido su opinión sobre el cierre de la Mina 8.
“No, apenas Elvira, es la que anda más, como yo ya estoy trabajando...”.
– ¿Piensa que con esto se cierra el capítulo del caso Pasta de Conchos? –, trato de nuevo, pero no logro sacarle una palabra
“Vayan con ella....”, contesta.
Y sólo atina a decir que todo lo que sabe es que a las viudas todavía les deben lo de un seguro y el dinero del Afore y el Infonavit que era de sus maridos.
Mientras esto ocurra, es seguro que José Alfredo Silva no dejará de aparecer enojado en los sueños de su viuda María Guadalupe.
“Ahorita ya andamos como gallinas descabezadas, no sabemos nada”, me dice más tarde Juana María Arzola Lozano, detrás del mostrador de la tienda de abarrotes que hace tiempo abrió en el sector de Palaú donde el Gobierno del Estado hizo construir casas para estas viudas, casas que en su mayoría lucen raptadas.
“En realidad yo nunca he ido a las instalaciones de la mina, no tengo conocimiento de que se cierra o de que abre”, profiere.
– ¿Qué ha sido de su vida en todo este tiempo? – intento hurgar en el pasado de Juana:
“A mí me quedaron tres hijos, no tengo mamá ni papá, ni hermanas, entonces yo me dediqué, yo luché por el rescate de mis hijos. Ahí están mis hijos adolescentes, estudiando los tres”.
Entre la plática aparece en la tienda una muchacha esbelta, morena, de pelo rizado y que lleva puesta una blusa azul sin mangas y un bermuda negro.
“Mira, ella es mi hija”, la presenta Juana.
Y cuando le pregunto por el rescate de su marido José Ramón Hernández, responde: “para mí está bien que  hayan cerrado la mina, que la hayan sellado, nada más que se nos dé la oportunidad de tener un mausoleo”.
Luego habla así cuando se refiere a sus compañeras plantadas a la entrada de la Mina 8:
“Algunas viudas que hemos estado muy aparte de eso declaramos que ya se les acabó el negocio a muchas viudas ahí, es más casi ni son viudas, son familiares, que en un tiempo sacaron provecho de la situación y lo siguen haciendo”.
– ¿Qué hizo usted con los 750 mil pesos de la “ayuda humanitaria”? –
“Los he invertido en bienes para mis hijos, yo les compré a cada uno su casa de renta, más bien, compré casas, son seis casas las que yo tengo y las tengo rentadas;  puse este negocio y remodelé mi otra casa”.

De vuelta al campamento de Pasta de Conchos, donde el aire como ráfagas de fuego sopletea las caras, algunas viudas y familiares de mineros nos cuentan  sobre el trato que han recibido por parte de los directivos de Industrial Minera México, ante la exigencia de que la compañía salga a dar una explicación sobre el cierre de la Mina 8.
“Nosotros fuimos a Grupo México al tercer día de lo que estaba sucediendo, íbamos como unas 10 ó 14 gentes, viudas y madres, cuando nos ven los guardias de la empresa, como a una distancia de 200 metros, de volada corren y cierran el portón para que no entremos. Nadie iba a entrar, únicamente queríamos hablar con algún funcionario y cierran la puerta. Nos ven como apestadas, no entiendo”, la que habla es Tomasita Martínez, viuda de Reyes Cuevas Silva.
Dice que lo que más le encabrita es que con ésta ya van dos veces que el Gobierno del Estado envía policías a Pasta de Conchos. La primera fue en agosto de 2009 cuando la firma Micare, propiedad de la familia del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, tomó posesión de la lavadora de carbón.
Es mediodía. En el campamento se ve más gente, entre deudos y policías estatales, que montan guardia a la entrada de la Mina y las inmediaciones de la carretera que viene de Rosita. ‘
Bajo el toldo hay algunos trabajadores de los que  participaron en el “rescate independiente”, que están calentando tacos de harina sobre el comal de una estufa, “¡ándele un taco!”, invitan a almorzar.
Más allá Martha Iglesias, la hija del minero Guillermo Iglesias, explica lo que para ella es el trasfondo de la entrega de la Mina 8 por el gobierno del Estado a Grupo México.
Habla de un convenio en el que la empresa cede al Ayuntamiento de Rosita y al gobierno estatal los terrenos donde está la famosa Chimenea de Nueva Rosita, considerada  uno de los símbolos mineros más importantes de México, para la construcción de un parque ecológico.
“Le estábamos diciendo al alcalde Antonio Nerio ´¡oyes tas bien jodido!, ¿por qué negocias así?, tú eres hijo de un minero y pisoteas al pueblo minero...`”.
La secunda Tomasita Martínez:
“Por eso el gobernador no puede hacer nada, ahí vendió los cuerpos, 63 cuerpos fue lo que le costó y los asesinos de nuestros maridos andan como si nada”.
Horas más tarde y después de buscar varias veces en la presidencia municipal al Alcalde de Nueva Rosita,  Antonio Nerio, su vocero nos informa por teléfono que el edil no podría atendernos porque está ocupado en el bautizo de su hijo, pero que además – dice riendo el vocero – Neira no da declaraciones sobre el caso Pasta de Conchos.
En varias ocasiones acudimos también a las puertas de Grupo México en Nueva Rosita, pero ningún directivo de la empresa se presentó para dar su versión en torno al sellamiento de la Mina.
Seguro que anoche Lupina, volvió a soñar a Alfredo con cara de enojado.
Está a punto de anochecer en Palaú, Elvira Martínez, conocida en toda la Región Carbonífera como “la viuda que no quiso el dinero” de la ayuda humanitaria, platica de su lucha por la justicia, sentada en una mecedora de fierro a las afueras de su casa de árboles flacuchos y parares encaladas.
“A veces nos hacen parecer ante la demás gente como que si fuéramos afortunadas por todo el dinero que se dio. Para mí es una vergüenza ser viuda de ahí, porque te dejó marcada, con un derroche de dinero por parte de la empresa y aparte la pérdida que sufre uno de ir ante las autoridades y ver que ellos te cierran y que usan las leyes para su conveniencia”, dice metida en el traje sastre azul marino con el que en la mañana salió para  Minera Ramos, una empresa de Múzquiz en la que trabaja como secretaria desde hace cuatro meses.
Después Elvira hace un recuento de su peregrinar por la CNDH, la Secretaría del Trabajo, la Dirección General de Minas, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Asturias, España, en pos de ser escuchada.
“Ya hemos acudido a todos y realmente no hemos hallado respuesta. ¿Dónde está lo que yo anduve buscando? No logré nada, dejé hijos, invertí tiempo, muchas cosas, por querer rescatarlos, no se dio. ¿De qué sirvió todo ese trabajo?  Ya el gobierno no halla la manera de cómo terminar con Pasta de Conchos, le ha calado mucho, yo creo que ya se le hace mucho cuatro años estar hablando del tema”.
De vez en cuando Elvira es interrumpida por el ladrido de los perros del pueblo, pero eso no le impide advertir cómo a pesar de la tragedia de Pasta de Conchos, siguen ocurriendo muertes de carboneros en minas y pocitos inseguros de la región, de acuerdo con las estadísticas, en promedio 15 cada año.
–  ¿Hay divisionismo? ¿Se dice que actualmente son tres grupos de viudas? –
“Ya quisiera que fuéramos tres, yo creo que ya somos muy pocas. Sí se vio la diferencia de pensar de cada quien. Hubo quien dijo ‘pues ni modo, ya murió, ahí que se quede`, y se respeta porque es el pensar de cada quien. Había otras que decían ´yo nomás lo quiero para ir a sepultarlo y cerrar este ciclo`, y otras que decíamos, ´yo quiero que me lo regreses y saber qué fue lo que pasó`. A lo mejor sí ha afectado bastante que no nos hayamos unido todas en un sólo pensar y haber luchado por eso, y esto claro que le beneficia tanto a la empresa como al gobierno”.
Otra razón de peso para que José Alfredo, el marido de Lupina, esté enojado
El Campamento de Pasta de Conchos se viste de noche y parece que las estrellas y el canto de las chicharras han inspirado a los Policías Estatales, que alrededor de una fogata entonan boleros acompañados por cuerdas de guitarra.
En cuanto nos miran llegar al lugar cubiertos por la oscuridad, los agentes paran la música y empiezan a  tomar sus puestos en la entrada de la Mina 8, mientras Nereida Zermeño Nieto y su hijo esperan el relevo de alguna compañera.
“Nos sentimos solas e impotentes de no hacer nada ante tanto judicial. Me siento impotente porque no hemos podido hacer nada, hemos tocado muchas puertas y nos las han cerrado, me siento triste porque no tengo a dónde dejar una flor, no tengo a dónde dejar una oración. Han jugado con nuestros sentimientos y con los de nuestros hijos”, se duele Nereida.
El canto de las chicharras suena por todo el  campamento y parece que los zancudos se han puesto de acuerdo con autoridades y empresarios para hacer más difícil la estancia de las viudas y sus familiares aquí.
“Me gustaría que mi esposo estuviera en un lugar digno”, remata Nereida.
En tanto, es probable que esta noche Lupina vuelva a soñar con su esposo Alfredo enojado.

Región Carbonífera: un cementerio
Desde lo de Pasta de Conchos, la muerte no ha parado. Se calcula que desde hace cuatro años han muerto cerca de 60 mineros en los pocitos de carbón. Hace apenas un mes, Jesús, un joven de 33 años, perdió la vida trabajando. No hay culpables por su muerte, los dueños dicen que fue un “accidente”.




Todas las tardes de viernes, doña María Ayala sacaba la mecedora al porche de su casa y se sentaba a esperar pacientemente a que su hijo Jesús, de 33 años, llegara del trabajo y prendiera la grabadora para oír música, mientras los dos se arrullaban con el viento cálido de Sabinas.
Ya va para dos meses que doña María añora escuchar la voz alegre de Jesús y ver su sonrisa asomando por el quicio de la puerta, pero nada que llega.
“Todavía me acuerdo que el 10 de Mayo él hizo de comer, dice ´es 10 de mayo jefa, usté no haga nada, nosotros hacemos de comer. Acuéstese, váyase al centro, a pasear`”.
Pero en el fondo doña María sabe que Jesús no volverá, su alma se quedó en el fondo del Pocito Vertical 4 en Progreso, donde él trabajaba sacando carbón.
“Yo ya no quería que se fuera, le decía ´ya no te vayas hijo, ya no te vayas`, no sé, tal vez yo presentía, ´busca otro trabajo hijo, estás joven`, le decía”.
Sucedió una tarde en que Jesús se disponía a retirarse de su lugar de trabajo y uno de sus jefes le ordenó que bajara al pozo para completar una carretilla que había quedado sin llenar y que se hallaba cargada con una piedra de carbón en los patios de la empresa.
Jesús y otro carbonero bajaron a las entrañas de la tierra y comenzaron a llenar de carbón aquella carretilla. Sólo él y su compañero saben bien a bien lo que pasó.
Los demás piensan que mientras Jesús se encontraba extrayendo el mineral con su pistola de aire, la muerte llegó en forma de agua y rocas que le golpearon la cara y lo hicieron caer de bruces sobre el suelo de la mina.
Al cabo de media hora, Jesús y su amigo fueron rescatados del interior, pero de camino al hospital Jesús expiró.
“Ya no volvió, ahí se quedó, ya no salió m`ijo, ya me lo sacaron muerto. El otro muchacho que entró con él está quebrado, hombros salidos, quijada salida, piernas y brazos quebrados, es un desastre”, refiere doña María.
Un día después Jesús era velado en casa de su madre.
Los que lo vieron dicen que ya no era el mismo de antes, ahora tenía una cicatriz que le corría de la ceja derecha hasta la oreja y unos labios que ya no sonreían.
Su padre, don Fermín, quien  por más de 30 años trabajó en los pozos de la región, asegura que si los patrones de Jesús hubieran barrenado el pozo, su hijo estaría vivo
Después del accidente de Jesús, cerca de 20 carboneros que habían venido a trabajar desde San Luis Potosí al Vertical 4 de Progreso, prefirieron renunciar y volver a su tierra. El pozo continuó operando.
Han pasado ya casi dos meses y la familia de Jesús, una niña de ocho años que procreó en su primer matrimonio y su novia, con quien vivía y se casaría en diciembre, no ha recibido de la empresa un sólo centavo, excepto el ataúd que varios de sus amigos y parientes llevaron en hombros hasta el panteón municipal, rodeados de llanto y  música.
Habla Modesta Alejandra García, la hermana de Jesús, a quien sus vecinos del barrio conocían como “El Toca”:
“Fuimos a Progreso para ver dónde había caído él, dónde lo habían puesto. Había una cruz, su casco, las botas, una pistola de aire. La muchacha con la que estaba junto allá en Progreso le quiso dejar unas flores, pero no se lo permitieron.
“Esa vez mi papá platicó con uno de los dueños del pozo y éste le dijo que él y su esposa bajaban sin protección y le contesta mi papá: ´¿cómo sé si mi hijo bajó bien?, porque se supone que tú debes de bajarlos bien, eres el encargado, te va acostar dinero`, y le dice el hombre ´esa es cosa mía, si yo bajo o no con casco`”.
Doña María aprovecha para denunciar las omisiones que a pesar de los desastres como el ocurrido el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, siguen cometiendo los inspectores de la Secretaría del Trabajo en contubernio con empresarios de la región
“No inspeccionan bien, no hacen su trabajo, ya nomás les dan, ten y ahí que quede. Ahora que pasó el accidente, iban los inspectores dizque a checar el pozo, nomás miraban por arriba: ´no pos está bien, que sigan trabajando`.
“Que bajen a los pozos para que vean cómo están, son vidas humanas, no son animales. Que les pongan atención a los pocitos porque son unas ratoneras, son tumbas”.
Aún así, doña María Ayala no deja de esperar sentada en su mecedora el regreso a casa de Jesús.
“Para mí él no ha muerto y yo lo sigo esperando, más el viernes, el sábado, ahí estoy, pero ya no va a llegar...”.
“Sentimos el accidente”
Así lo dijo en entrevista para Semanario uno de los socios del Pocito Vertical 4 de Progreso, quien además de mostrarse renuente a responder preguntas se negó a dar sus generales.
“Aquí puedes tener toda la seguridad del mundo y sin embargo los accidentes pueden pasar. Muchas veces no son las condiciones, sino la persona que no te da exactamente el reglamento de seguridad que tú estás manejando, lo desobedecen y tú no puedes estar atrás de ellos”, comentó en las instalaciones del pocito donde el pasado 20 de mayo, el minero Jesús García Ayala perdió la vida.
El empresario subrayó que hasta ahora el Vertical 4 se ha sujetado a todas la observaciones realizadas por los inspectores de la Secretaría del Trabajo, entre las cuales sólo está pendiente la colocación de un letrero con la indicación de “punto de reunión”.
“La gente, supuestamente afectada, quiere que se cierre, pero es una fuente de empleo y el accidente fue un accidente, a menos de que se demuestre lo contrario para cerrarla”, advirtió.

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