M I G U E L Á N G E L G R A N A D O S C H A P A
El miércoles 23 fue asesinado al llegar a su domicilio el trabajador electricista, miembro del SME, Juan José Rosales Pérez. Lo atacaron por la noche dos personas que ya lo habían buscado en la mañana de ese día, pretextando que eran cerrajeros llamados a arreglar una chapa. Le dispararon un tiro en el cuello.
Era el responsable del campamento de resistencia que desde octubre instaló el sindicato en la confluencia de Insurgentes y Reforma, corazón del DF. A decir de Martín Esparza, líder del gremio, lo reconozcan o no las autoridades, Rosales Pérez había sido amenazado para que dejara el plantón, en el que persistía como miles de sus compañeros.
Es imposible determinar en este momento si efectivamente Rosales Pérez fue ultimado por su militancia sindical. Denunciado el hecho ante el ministerio público del DF, apenas está comenzando la averiguación previa. Parece indudable que no fue un crimen común como los que a diario se cometen adicionalmente a los relacionados con el narcotráfico.
Si se comprobara que el móvil es político, estaríamos en un nuevo y peligroso estadio de la lucha entre el SME por un lado y las instituciones y fuerzas antagónicas a esa organización, que insiste de varios modos en impedir que se consume sin remedio la liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro, y el consiguiente despido de sus trabajadores.
La muerte acecha a los sindicalistas que, por su propia voluntad, practican una huelga de hambre desde hace dos meses, cumplidos el viernes. Los electricistas que participan en este recurso extremo de la lucha política han sido relevados, conforme a un plan establecido previamente. A uno de ellos, sin embargo, el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, que está en ayuno desde el principio, acaso sea necesario hacerlo desistir de su perseverante gesto.
La huelga se ha sostenido no obstante severos inconvenientes ajenos a los electricistas. Hay algunos de carácter social y políticos, como la instalación de megapantallas al lado del campamento donde se cumple el ayuno, que congregan a multitudes que siguen los partidos de la Copa del mundo de Sudáfrica, no sólo cuando interviene la selección mexicana.
Otros derivan de la naturaleza; las carpas dentro de las cuales yacen los ayunantes han de ser hornos con los calores del mediodía, y resienten las lluvias de estos días recientes. Los huelguistas han resistido también los embates de sus adversarios, que los acusan de fingir el ayuno, y de las autoridades, que les piden dejar esa práctica y acudir a las vías institucionales.
No han dejado de ejercer sus derechos ante esas vías los electricistas. Aguardan en este momento una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa un amparo por el cual el SME ha buscado la protección de la justicia federal contra el decreto de liquidación de su fuente de trabajo, y del despido masivo de 44 mil trabajadores.
El SME argumenta que es ilegal dicho decreto porque el Artículo 15 de la Ley de entidades paraestatales previene que la extinción de una de esas entidades, como LyFC, tiene que hacerse conforme las reglas de su creación. Y puesto que la de ese organismo derivó de un acto legislativo, la Presidencia debió acudir al Congreso para liquidarlo, y omitió hacerlo.
Los miembros del sindicato, aduce asimismo la argumentación, no fueron oídos ni vencidos en juicio y sin embargo se les desplazó por la fuerza de sus fuentes de trabajo mediante un masivo despido injustificado. Los trabajadores demandan de la Corte el que, si no reconoce esas violaciones a sus derechos, declare al menos que la Comisión Federal de Electricidad sea el patrón sustituto y tenga obligación de pactar con el SME un nuevo contrato colectivo.
La CFE debería explicar, por cierto, las condiciones laborales en que presta el servicio a la extensa y poblada zona que atiende a partir del 11 de octubre pasado. Debe dar cuenta del número de sus trabajadores que han sido comisionados a servir las instalaciones que fueron de LyF, y de cómo solventó los problemas en las regiones tradicionalmente servidas por ese organismo, derivados de la merma de la fuerza laboral correspondiente.
O hacernos saber con cuántos contratistas está prestando el servicio en el DF y los estados aledaños, así como el costo de esa operación.
Entre los alicientes ofrecidos a los trabajadores desempleados por un acto de fuerza, se incluyó la promesa de la recontratación. Hace tres semanas el Secretario del Trabajo hizo el triste balance de ese proceso: de los 28 mil trabajadores que fueron liquidados, la mitad, 14 mil 279 se acercaron a buscar ser empleados de nuevo; 6 mil 816 fueron declarados no elegibles; el resto está en evaluación; mil 600 fueron ya aprobados, pero sólo 369 han sido contratados.
La dirección sindical del SME, sostenida por los trabajadores que se han sacrificado no aceptando la liquidación, enfrenta otras dificultades: fue negado el amparo que Martín Esparza buscó para combatir la decisión de la Secretaría del Trabajo de negarle la toma de nota.
Eso deja a Alejandro Muñoz, el colaboracionista que aspiraba a dirigir el sindicato, en posibilidad de disponer de fondos sindicales pues su elección como tesorero está vigente, aunque las autoridades tendrán buen cuidado de no admitirle gestión alguna, por ejemplo en la cuenta bancaria del seguro sindical, porque al hacerlo reconocerían la existencia de un comité y por lo tanto de un sindicato que representa a los trabajadores.
http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?tipo=1&id=24862
Era el responsable del campamento de resistencia que desde octubre instaló el sindicato en la confluencia de Insurgentes y Reforma, corazón del DF. A decir de Martín Esparza, líder del gremio, lo reconozcan o no las autoridades, Rosales Pérez había sido amenazado para que dejara el plantón, en el que persistía como miles de sus compañeros.
Es imposible determinar en este momento si efectivamente Rosales Pérez fue ultimado por su militancia sindical. Denunciado el hecho ante el ministerio público del DF, apenas está comenzando la averiguación previa. Parece indudable que no fue un crimen común como los que a diario se cometen adicionalmente a los relacionados con el narcotráfico.
Si se comprobara que el móvil es político, estaríamos en un nuevo y peligroso estadio de la lucha entre el SME por un lado y las instituciones y fuerzas antagónicas a esa organización, que insiste de varios modos en impedir que se consume sin remedio la liquidación del organismo Luz y Fuerza del Centro, y el consiguiente despido de sus trabajadores.
La muerte acecha a los sindicalistas que, por su propia voluntad, practican una huelga de hambre desde hace dos meses, cumplidos el viernes. Los electricistas que participan en este recurso extremo de la lucha política han sido relevados, conforme a un plan establecido previamente. A uno de ellos, sin embargo, el ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, que está en ayuno desde el principio, acaso sea necesario hacerlo desistir de su perseverante gesto.
La huelga se ha sostenido no obstante severos inconvenientes ajenos a los electricistas. Hay algunos de carácter social y políticos, como la instalación de megapantallas al lado del campamento donde se cumple el ayuno, que congregan a multitudes que siguen los partidos de la Copa del mundo de Sudáfrica, no sólo cuando interviene la selección mexicana.
Otros derivan de la naturaleza; las carpas dentro de las cuales yacen los ayunantes han de ser hornos con los calores del mediodía, y resienten las lluvias de estos días recientes. Los huelguistas han resistido también los embates de sus adversarios, que los acusan de fingir el ayuno, y de las autoridades, que les piden dejar esa práctica y acudir a las vías institucionales.
No han dejado de ejercer sus derechos ante esas vías los electricistas. Aguardan en este momento una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisa un amparo por el cual el SME ha buscado la protección de la justicia federal contra el decreto de liquidación de su fuente de trabajo, y del despido masivo de 44 mil trabajadores.
El SME argumenta que es ilegal dicho decreto porque el Artículo 15 de la Ley de entidades paraestatales previene que la extinción de una de esas entidades, como LyFC, tiene que hacerse conforme las reglas de su creación. Y puesto que la de ese organismo derivó de un acto legislativo, la Presidencia debió acudir al Congreso para liquidarlo, y omitió hacerlo.
Los miembros del sindicato, aduce asimismo la argumentación, no fueron oídos ni vencidos en juicio y sin embargo se les desplazó por la fuerza de sus fuentes de trabajo mediante un masivo despido injustificado. Los trabajadores demandan de la Corte el que, si no reconoce esas violaciones a sus derechos, declare al menos que la Comisión Federal de Electricidad sea el patrón sustituto y tenga obligación de pactar con el SME un nuevo contrato colectivo.
La CFE debería explicar, por cierto, las condiciones laborales en que presta el servicio a la extensa y poblada zona que atiende a partir del 11 de octubre pasado. Debe dar cuenta del número de sus trabajadores que han sido comisionados a servir las instalaciones que fueron de LyF, y de cómo solventó los problemas en las regiones tradicionalmente servidas por ese organismo, derivados de la merma de la fuerza laboral correspondiente.
O hacernos saber con cuántos contratistas está prestando el servicio en el DF y los estados aledaños, así como el costo de esa operación.
Entre los alicientes ofrecidos a los trabajadores desempleados por un acto de fuerza, se incluyó la promesa de la recontratación. Hace tres semanas el Secretario del Trabajo hizo el triste balance de ese proceso: de los 28 mil trabajadores que fueron liquidados, la mitad, 14 mil 279 se acercaron a buscar ser empleados de nuevo; 6 mil 816 fueron declarados no elegibles; el resto está en evaluación; mil 600 fueron ya aprobados, pero sólo 369 han sido contratados.
La dirección sindical del SME, sostenida por los trabajadores que se han sacrificado no aceptando la liquidación, enfrenta otras dificultades: fue negado el amparo que Martín Esparza buscó para combatir la decisión de la Secretaría del Trabajo de negarle la toma de nota.
Eso deja a Alejandro Muñoz, el colaboracionista que aspiraba a dirigir el sindicato, en posibilidad de disponer de fondos sindicales pues su elección como tesorero está vigente, aunque las autoridades tendrán buen cuidado de no admitirle gestión alguna, por ejemplo en la cuenta bancaria del seguro sindical, porque al hacerlo reconocerían la existencia de un comité y por lo tanto de un sindicato que representa a los trabajadores.
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