Explican funcionarios decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro

Funcionarios del Gobierno Federal comparecieron, ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para aclarar las razones del Poder Ejecutivo de extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En su primera intervención, el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Dionisio Pérez Jácome Friscione, explicó que la situación financiera de la compañía era insostenible y eso llevó a su liquidación.

“Tan sólo en el 2009, el subsidio al organismo era equiparable a casi el presupuesto anual del programa Oportunidades, que beneficia a 25 millones de mexicanos o a dos veces el presupuesto de la UNAM”, detalló el servidor público.

Asimismo, el Subsecretario negó rotundamente la intención del Gobierno Federal de poner a la paraestatal en manos de la iniciativa privada ya que, puntualizó, la medida fue de “carácter estructural”.

Para reforzar su dicho, el servidor público expuso que la paraestatal no logró alcanzar una autonomía financiera, ya que se sostenía de transferencias de la administración federal y “representaba un costo tan elevado que no resultaba conveniente para la economía nacional o el interés público”.

Con un carácter más técnico, Benjamín Contreras Astiazarán, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), comparó el funcionamiento de la extinta compañía con la Comisión Federal de Electricidad.

En ese sentido, destacó que “Luz y Fuerza del Centro era tres veces más cara que CFE y las obras en CFE, se construyen en la mitad del tiempo aproximadamente”.

De acuerdo al análisis de Contreras Astiazarán las pérdidas económicas eran generadas por el mal desempeño de Luz y Fuerza del Centro, tomando como base el tema de toma de lecturas y las solicitudes no atendidas.

Acerca del proceso de liquidación de los trabajadores, el Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez, resaltó la complicada tarea que se les asignó, debido a lo súbito del decreto del 11 de octubre de 2009, con el cual se determinó la extinción de la paraestatal.

El funcionario confirmó los problemas que tuvieron, al no haber una recepción formal de la información contable y física de la empresa, ya que “de un día para otro tuvimos que hacernos cargo”.

Posteriormente, al cederle la palabra a Héctor Orozco Fernández, Director Corporativo del Proceso de Empresas del SAE, se reveló que hasta la fecha, 63 por ciento de los 44 mil trabajadores se LFC han recibido la cantidad correspondiente a su separación laboral.

Asimismo, el servidor público estimó que el costo de las liquidaciones es de alrededor de 20 mil ocho cientos millones de pesos.

Tras la exposición de los funcionarios, lo integrantes de la Tercera Comisión realizaron preguntas sobre los argumentos expuestos.

En representación del Partido Revolucionario Institucional, el Diputado David Penchyna Grub, cuestionó si el costo total de la modernización de la empresa hubiera sido más caro que la liquidación.

Asimismo, el legislador priísta indagó sobre la cantidad de trabajadores recontratados por la CFE de los alrededor de 40 mil despedidos, ya el Gobierno Federal se comprometió con la apertura de nuevas plazas, dirigidas a los empleados de la paraestatal desaparecida.

La Diputada de Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón, concentró sus dudas en la forma en como se pagó el costo de la liquidación y en cómo se garantizarán las pensiones de los jubilados de la desaparecida compañía.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PRD criticó la falta de transparencia del Ejecutivo en el proceso de extinción, ya que se reservó el acta de sesión intersecretarial de gasto y financiamiento de Luz y Fuerza.

Sobre este punto, el legislador del PRD, Agustín Guerrero Castillo, mencionó que “no han enseñado un sólo estado financiero… y no han entregado un sólo documento sobre la misma, porque cuando se ha pedido la información, nos han dicho que esa información está reservada por dos años desde el momento que se firmó el decreto”.

El Diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT), refutó los argumentos con los que el Subsecretario de Egresos justificó financieramente la extinción de la compañía eléctrica.

En este sentido, negó que por falta de energía se hayan dejado de crear empleos: “No nos quieran ver la cara, no nos vengan a decir que son los pasivos laborales o que son las condiciones que tenían los trabajadores”.

Para responder al cuestionamiento del legislador Penchyna Grub, Dionisio Pérez Jácome informó que hay nueve mil 783 ex trabajadores en cursos de reinserción laboral, de los cuales, seis mil 500 “ya tienen empresas propias”.

El Subsecretario de Egresos dijo también que la CFE llevó a cabo una preselección de siete mil 595 ex empleados de LFC y dos mil están realizando el proceso.

En respuesta a la situación de las jubilaciones, el Subsecretario de Electricidad de la Secretaria de Energía, destacó que los pensionados están “mejor que antes, porque mediante el decreto tienen garantizados ya que se haga la previsión presupuestal de suspensiones en cada año y corresponderá pues a la Cámara de Diputados aprobarlo cada año esta previsión presupuestal que se haga”.

Finalmente, en torno a la información clasificada, los funcionarios argumentaron que el asunto “puede comprometer la seguridad nacional” y enfatizaron que la decisión de reservar la información, relacionada a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, se ha hecho conforme a la Ley del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

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