El Gobierno cerró en octubre los 400 centros de la empresa estatal en la que trabajaban
Denuncian que se trata de una privatización y transnacionalización de la industria eléctrica
Actualmente el 30% está en manos privadas, la mayoría empresas españolas
Maria Josep Siscar Banyuls
periodismo humano(México)
06.05.2010 ·
Zócalo de la Ciudad de México. Mediodía. 28 grados a la sombra. Arden las piedras que revisten una de las plazas más grande del mundo. Roberto Salcedo siente el estómago cómo revuelto. Hace 10 días que no come y ya no sabe distinguir la sensación de hambre. Las ojeras se le están ahondando y reconoce estar un poco cansado, sobretodo por el calor, pues aunque una carpa le protege del sol, la lona blanca produce efecto invernadero. Aún así, sigue dispuesto a continuar el tiempo que haga falta hasta que la Corte Suprema de Justícia Mexicana resuelva devolverle su puesto de trabajo. A él y a sus 44.599 compañeros. “Vamos a resistir lo que haga falta. Es una lucha por la justícia”, espeta Salcedo. Tiene 45 años y ha trabajado más de 26 como operador encargado del cableado subterráneo del centro de la ciudad de México, dentro de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro (LyF). El sábado 10 de octubre vió tranquilamente el partido de la selección contra El Salvador que sirvió a los mexicanos para clasificarse en el mundial de Suráfrica. Le faltaba poco más de un año para jubilarse.
Pero mientras él disfrutaba los cuatro goles que marcó México, la policía y el ejército desalojaban los 400 centros de trabajo de LyF en la ciudad y los estados colindantes. La mañana siguiente el gobierno anunció la liquidación de la empresa mediante la publicación de un decreto ejecutivo en el Diario oficial de la Federación (el homólogo del BOE). De los más de 44mil trabajadores que se quedaron sin empleo ese fin de semana, 17.247 se han negado a recibir la indemnización propuesta por considerar anticonstitucional su despido y exigen la restitución de sus empleos en esa u otra compañía con continuas mobilizaciones. Salcedo es uno de ellos. Pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y ha sido uno de los diez primeros en sumarse a la huelga de hambre indefinida que ha decretado su organización después que los tribunales aceptase el pasado 21 de abril, revisar la constitucionalidad del decreto presidencial que los dejó en la calle.
Empezaron la huelga el domingo 25 y aseguran continuarla mientras no obtengan respuesta. Para ello, la han organizado escaladamente, y cada día se incorporan al ayuno alrededor de una decena de trabajadores. De momento son poco más de cien, pero según los análisis clinícos elaborados a propósito, 600 de sus afiliados tienen la voluntad y cumplen las condiciones de salud necesarias para soportar la huelga. Así que están preparados para aguantar. “Este decreto viene a romper con todo mi proyecto de vida y el de mi família. Quiero terminar mi período laboral en una empresa que a todas luces es rentable, pese a lo que diga el gobierno”, asevera Salcedo.
Y es que el Ejecutivo justificó el cierre de la empresa por “ineficiencia operativa y financiera”, lo que “representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Y la contrapuso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su homóloga en otras regiones del país, y el ejemplo a seguir. Así, el propio decreto presidencial estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyF es excesivo y superior casi tres veces al de la CFE, y añade que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. Pero los días posteriores al cierre, el gobierno de Calderón empezó una dura campaña mediática que acusaba directamente a los trabajadores como responsables directos del fracaso a causa de sus prestaciones laborales conseguidas después de 95 años de sindicalismo.
Pero mientras él disfrutaba los cuatro goles que marcó México, la policía y el ejército desalojaban los 400 centros de trabajo de LyF en la ciudad y los estados colindantes. La mañana siguiente el gobierno anunció la liquidación de la empresa mediante la publicación de un decreto ejecutivo en el Diario oficial de la Federación (el homólogo del BOE). De los más de 44mil trabajadores que se quedaron sin empleo ese fin de semana, 17.247 se han negado a recibir la indemnización propuesta por considerar anticonstitucional su despido y exigen la restitución de sus empleos en esa u otra compañía con continuas mobilizaciones. Salcedo es uno de ellos. Pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y ha sido uno de los diez primeros en sumarse a la huelga de hambre indefinida que ha decretado su organización después que los tribunales aceptase el pasado 21 de abril, revisar la constitucionalidad del decreto presidencial que los dejó en la calle.
Empezaron la huelga el domingo 25 y aseguran continuarla mientras no obtengan respuesta. Para ello, la han organizado escaladamente, y cada día se incorporan al ayuno alrededor de una decena de trabajadores. De momento son poco más de cien, pero según los análisis clinícos elaborados a propósito, 600 de sus afiliados tienen la voluntad y cumplen las condiciones de salud necesarias para soportar la huelga. Así que están preparados para aguantar. “Este decreto viene a romper con todo mi proyecto de vida y el de mi família. Quiero terminar mi período laboral en una empresa que a todas luces es rentable, pese a lo que diga el gobierno”, asevera Salcedo.
Y es que el Ejecutivo justificó el cierre de la empresa por “ineficiencia operativa y financiera”, lo que “representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Y la contrapuso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su homóloga en otras regiones del país, y el ejemplo a seguir. Así, el propio decreto presidencial estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyF es excesivo y superior casi tres veces al de la CFE, y añade que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. Pero los días posteriores al cierre, el gobierno de Calderón empezó una dura campaña mediática que acusaba directamente a los trabajadores como responsables directos del fracaso a causa de sus prestaciones laborales conseguidas después de 95 años de sindicalismo.
“Desafortunadamente la mayor parte de los recursos que recibía (LyF) iban fundamentalmente a pagar los privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral y esto se agravaba año por año”, declaró el presidente Felipe Calderón en la cadena nacional el 11 de octubre. “Más allá de la discusión de si debería liquidarse o no la compañía de luz, el procedimiento legal para hacerlo era muy diferente e incluía la negociación con el sindicato. En la práctica se han pasado por encima de todos las disposiciones mexicanas e internacionales”, subraya Hector De la Cueva, Coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Pero además hay que aclarar que el salario promedio de un electricista es de 6.000 pesos (unos 360 euros) que equivale aproximadamente al costo real de la canasta básica de una familia media de 4 personas. Aparte tenían prestaciones, pero según De la Cueva, éstas “no eran para nada exageradas, aunque sí fruto de las conquistas laborales de un siglo de tener un sindicato fuerte”. El laboralista asegura que la campaña contra el SME estuvo “llena de mentiras” desde el punto que para financiar el contrato colectivo de los trabajadores sólo se destinaba la cuarta parte de los ingresos de la compañía.
En México alrededor de la mitad de la población activa trabaja en la economía informal, sin ningún tipo de derechos, ni siquiera el acceso gratuito a atención médica más allá de enfermedades básicas. La otra mitad, se encuentra frecuentemente con empleos temporales, tercerización o sin más derechos laborales que los básicos, que son ínfimos. El sueldo mínimo estipulado por ley son 1500 pesos mensuales (unos 90 euros). Un operario base de Luz y Fuerza empezaba ganando alrededor de 2500 pesos, gracias a la trayectoria del SME. “El gobierno primero crea y consolida la miseria, la precarización del trabajo y la economía informal, y entonces lanza una campaña que quienes tienen un empleo con algunos derechos, es decir que no están en la calle y tienen seguro social, son unos aprovechados. Cuando debería ser al revés, tendríamos que intentar que toda la gente tenga un empleo digno con las mismas prestaciones que tenían los electricistas”, denuncia De La Cueva.
Sin embargo, el discurso oficial sí ha calado en la opinión pública, que ha estigmatizado a trabajadores del SME, tal como cuenta Salcedo: “He tratado de buscar trabajo de electricista, pero ni yo ni mis compañeros encontramos, estamos boletinados. El gobierno nos ha señalado de tan fea manera que no nos quieren en los trabajos por andar en la lucha”, narra mientras sus compañeros asienten. La mayoría se han topado con esa situación, sean operarios, ingenieros o contadores. Pero estos seis meses sin cobro ya les están pasando factura. “Ya me acabé todos mis ahorros. Tengo a mi hijo en una universidad privada y este es el último cuatrimestre que le podré pagar, mi niña cumple 15 años en octubre y no voy a poder hacerle su fiesta, definitivamente se ha roto no sólo mi proyecto vital sinó el de mi família. Es una situación muy difícil, ahora sólo me queda vender mi carro”, relata Salcedo.
Aún así están dispuestos a continuar adelante. “Ponemos en riesgo nuestra vida para reclamar lo que nos pertenece y mostrarle al mundo que en México se violan todos los días los derechos laborales, civiles, humanos, gracias a privilegiar a las grandes empresas”, declaró el líder del SME, Martín Esparza, en el inicio de la huelga. Para el sindicato los intereses que se esconden detrás del cierre de Luz y Fuerza van mucho más allá de sanear la economía nacional. “La industria eléctrica tiene muchas posibilidades de desarrollo, y hay la posibilidad de cedérsela a capitales privados nacionales y transnacionales. Además ahora se le suma el negocio de la fibra óptica. Tenemos 1100 km de fibra óptica y el monto de esta venta para el acceso a las telecomunicaciones son 6000 millones de dólares anuales sólo en la zona que nosotros operamos”, explica Amescua. Coincide con él, el político príista Manuel Bartlett, ex gobernador del estado de Puebla -donde también operaba Luz y Fuerza- quien asegura que Calderón “quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico, que incluye además servicios adicionales de telecomunicaciones, a través de la red de fibra óptica.”
Aunque la Constitución de México establece la gestión estatal de la electricidad, ya en el año 1992 el presidente Carlos Salinas permitió la entrada de capital privado, y ahora mismo, el 30% de la generación de la energía electrica en México, está en manos privadas, del cuál el 70% lo controlan las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Según se detalla en el informe “Altas de la Energia” del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la producción de Iberdrola en el 2007 supuso el 11% del total de energía eléctrica generada en todo el país. Lo que constituyó para la compañía el 5% de sus beneficios brutos, por lo cuál, Iberdrola ubica a México dentro de la “zona clave para la internacionalización y crecimiento” de la empresa.
Sin embargo, tanto Iberdrola, como Gas Natural acumulan numerosas denuncias e irregularidades por aumento de las tarifas, mala calidad del servicio, fugas e impacto ambiental. Y es que esta incipiente privatización no va acompañada de beneficios para los usuarios. A seis meses que la CFE asumiera, junto a contratistas privados, el trabajo de LyF, el la calidad del suministro ha empeorado. Según la Confederación Patronal del Distrito Federal, el servicio eléctrico ha fallado el 30% de los días desde que desapareció LyF, con apagones de hasta 8 horas que han afectado a más de un millón de personas y han generado pérdidas que alcanzarían el millón de euros, sobretodo entre la pequeña y mediana empresa que no puede costearse plantas generadoras de emergencia. Salcedo y sus compañeros no pueden entender tanta “desídia” del gobierno y reiteran que les recontraten para que se vuelva a la normalidad.
En México alrededor de la mitad de la población activa trabaja en la economía informal, sin ningún tipo de derechos, ni siquiera el acceso gratuito a atención médica más allá de enfermedades básicas. La otra mitad, se encuentra frecuentemente con empleos temporales, tercerización o sin más derechos laborales que los básicos, que son ínfimos. El sueldo mínimo estipulado por ley son 1500 pesos mensuales (unos 90 euros). Un operario base de Luz y Fuerza empezaba ganando alrededor de 2500 pesos, gracias a la trayectoria del SME. “El gobierno primero crea y consolida la miseria, la precarización del trabajo y la economía informal, y entonces lanza una campaña que quienes tienen un empleo con algunos derechos, es decir que no están en la calle y tienen seguro social, son unos aprovechados. Cuando debería ser al revés, tendríamos que intentar que toda la gente tenga un empleo digno con las mismas prestaciones que tenían los electricistas”, denuncia De La Cueva.
Sin embargo, el discurso oficial sí ha calado en la opinión pública, que ha estigmatizado a trabajadores del SME, tal como cuenta Salcedo: “He tratado de buscar trabajo de electricista, pero ni yo ni mis compañeros encontramos, estamos boletinados. El gobierno nos ha señalado de tan fea manera que no nos quieren en los trabajos por andar en la lucha”, narra mientras sus compañeros asienten. La mayoría se han topado con esa situación, sean operarios, ingenieros o contadores. Pero estos seis meses sin cobro ya les están pasando factura. “Ya me acabé todos mis ahorros. Tengo a mi hijo en una universidad privada y este es el último cuatrimestre que le podré pagar, mi niña cumple 15 años en octubre y no voy a poder hacerle su fiesta, definitivamente se ha roto no sólo mi proyecto vital sinó el de mi família. Es una situación muy difícil, ahora sólo me queda vender mi carro”, relata Salcedo.
Aún así están dispuestos a continuar adelante. “Ponemos en riesgo nuestra vida para reclamar lo que nos pertenece y mostrarle al mundo que en México se violan todos los días los derechos laborales, civiles, humanos, gracias a privilegiar a las grandes empresas”, declaró el líder del SME, Martín Esparza, en el inicio de la huelga. Para el sindicato los intereses que se esconden detrás del cierre de Luz y Fuerza van mucho más allá de sanear la economía nacional. “La industria eléctrica tiene muchas posibilidades de desarrollo, y hay la posibilidad de cedérsela a capitales privados nacionales y transnacionales. Además ahora se le suma el negocio de la fibra óptica. Tenemos 1100 km de fibra óptica y el monto de esta venta para el acceso a las telecomunicaciones son 6000 millones de dólares anuales sólo en la zona que nosotros operamos”, explica Amescua. Coincide con él, el político príista Manuel Bartlett, ex gobernador del estado de Puebla -donde también operaba Luz y Fuerza- quien asegura que Calderón “quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico, que incluye además servicios adicionales de telecomunicaciones, a través de la red de fibra óptica.”
Aunque la Constitución de México establece la gestión estatal de la electricidad, ya en el año 1992 el presidente Carlos Salinas permitió la entrada de capital privado, y ahora mismo, el 30% de la generación de la energía electrica en México, está en manos privadas, del cuál el 70% lo controlan las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Según se detalla en el informe “Altas de la Energia” del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la producción de Iberdrola en el 2007 supuso el 11% del total de energía eléctrica generada en todo el país. Lo que constituyó para la compañía el 5% de sus beneficios brutos, por lo cuál, Iberdrola ubica a México dentro de la “zona clave para la internacionalización y crecimiento” de la empresa.
Sin embargo, tanto Iberdrola, como Gas Natural acumulan numerosas denuncias e irregularidades por aumento de las tarifas, mala calidad del servicio, fugas e impacto ambiental. Y es que esta incipiente privatización no va acompañada de beneficios para los usuarios. A seis meses que la CFE asumiera, junto a contratistas privados, el trabajo de LyF, el la calidad del suministro ha empeorado. Según la Confederación Patronal del Distrito Federal, el servicio eléctrico ha fallado el 30% de los días desde que desapareció LyF, con apagones de hasta 8 horas que han afectado a más de un millón de personas y han generado pérdidas que alcanzarían el millón de euros, sobretodo entre la pequeña y mediana empresa que no puede costearse plantas generadoras de emergencia. Salcedo y sus compañeros no pueden entender tanta “desídia” del gobierno y reiteran que les recontraten para que se vuelva a la normalidad.
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