Por María Julia Mayoral
México, 9 jun (PL) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México investiga el desalojo de mineros en huelga en la norteña localidad de Cananea, mientras continúan hoy diversas versiones del incidente criticado por represivo y antiobrero.
El titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, confirmó que el organismo envió visitadores adjuntos a Cananea, donde por casi tres años los sindicalistas condenaron la falta de seguridad industrial, mediante la toma de instalaciones de la mina la cobre donde laboraban.
"Tenemos información muy diversa, pero estamos allegando todos los informes para determinar qué fue lo que pasó en ese lugar", dijo el ombudsman a los periodistas.
El pasado lunes 6 de junio a las 16:00, hora local, policías federales y del estado de Sonora (donde está enclavado el importante yacimiento), despejaron y aseguraron los accesos a las instalaciones de la mina de Cananea cerrada hace 33 meses por huelga obrera debido a la falta de seguridad industrial.
Según declaró la Secretaría de Gobernación (Segob), la acción de los uniformados tuvo como objetivo posibilitar la realización de diligencias ministeriales que forman parte de las averiguaciones previas por el litigio legal en curso.
La Segob indicó que los policías ingresaron de manera pacífica, "con estricto apego a la ley" y "pleno respeto a los derechos fundamentales de los ex trabajadores mineros que se encontraban en las afueras del lugar".
Tras un largo proceso jurídico, quedó resuelto legalmente el fin de las relaciones individuales, colectivas y del contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, confirmó el ministerio.
El fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, emitido el 4 de junio último, también dejó sin efecto la huelga que sostenía el sindicato minero.
Frente a la postura gubernamental, van en aumento las opiniones discordantes; el presidente del Senado, Carlos Navarrete, consideró que al gobierno se le está agotando la paciencia para atender los conflictos sociales y eso no es bueno para el país". El Ejecutivo, estimó, prefiere solucionar los conflictos de golpe, mediante la fuerza, en lugar de buscar salidas concertadas.
En este contexto, el diputado federal y dirigente del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández, anunció que varias organizaciones preparan una marcha de protesta en los próximos días para respaldar a la gente de Cananea.
Integrantes de ambas cámaras del Parlamento exigieron al gobierno que informe acerca de los acuerdos con el Grupo México, favorecido por las decisiones legales y reclamaron a la CNDH verificar el estricto respeto a los derechos humanos de los mineros y la población en la zona del conflicto.
En opinión de jefe de gobierno en el Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la toma por policías federales del socavón de cobre de Cananea, Sonora, es un acto represivo.
"El uso de la fuerza para resolver un conflicto de carácter laboral nos debe preocupar; usar la fuerza contra trabajadores es equivocado, es un error y un abuso", opinó.
"No se puede construir una política laboral sobre la base de reprimir a los trabajadores y menos en el ejercicio de sus derechos", añadió el dirigente capitalino.
Después de retomar el control de la mina, la más grande del país con una producción anual de 190 mil toneladas de cobre, el Grupo México ofreció a los trabajadores una indemnización "seis veces superior" a lo correspondiente y un proceso de recontratación inmediata todavía sin iniciarse.
Poco después de la toma de Cananea, en Sonora, fuerzas policiales estatales del vecino territorio de Coahuila realizaron un operativo similar en la mina de Pasta de Conchos, donde los obreros protestaban por falta de condiciones labores que provocaron hace varios años la muerte en accidente de decenas de mineros; también esta instalación pertenece al Grupo México.
Ante estos hechos, distintas organizaciones sociales movilizan la solidaridad con los mineros; entre ellos afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en litigio con las autoridades por el cierre de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro en octubre último, lo cual dejó sin empleo a más de 44 mil personas.
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